La Fiscalía de Estado en el Derecho Público provincial argentino.

Abstract

Argentina es un país organizado bajo el sistema federal de gobierno. Las veintitrés provincias que la componen y su capital federal – la ciudad de Buenos Aires– conforman unidades políticas con autonomía que dictan su propia constitución estatal. Todas han creado la figura del Fiscal de Estado como encarnación institucional de la abogacía del Estado incluso con ese nombre, salvo alguna excepción.El Fiscal de Estado opera como representante legal de la provincia, es parte en todos los casos en que la provincia –y en varias de ellas también sus municipios – son parte actora o demandada. Disponen además de la legitimación procesal para la acción genérica de inconstitucionalidad contra leyes, decretos o reglamentos que violen la legalidad objetiva, de la cual son custodios. La Argentina vivió un proceso de modernización de su derecho público provincial a partir del retorno a la democracia. Alrededor de veinte provincias dictaron nuevas constituciones. No obstante, el perfil tradicional de la Fiscalía de Estado se mantuvo sin mayores modificaciones. Solo en algunos casos se separó la investigación de irregularidades administrativas de su ámbito para ponerla en otros órganos.AbstractArgentina is a country organized under a federal government system. Its 23 provinces and its district city - Buenos Aires - conformself governing politic unities enacting their own state constitution. Every province has created the State Prosecuting figure as the institutional encarnation of the state law practice, even with that name, considering some exceptions.The Prosecuting figure acts as the province legal representative, being part of every instance in which province or borough is as actor as respondent. Provinces also arrange the procesal authentication for the unconstitutional generic action against laws, writs or bylaws. breaking up the objective legality whereof are custodian.Argentina has experienced a renewal process of its provincial public law since its return to Democracy. About 20 provinces enacted new constitutions. Nevertheless, the traditional profile of the prossecutor's office kept as usual. Only in few cases the investigation of administrative irregularities broke off from its area to be channeled by other governing bodies" (El de la organización de Gobierno).Key words: Provincial Public Law; Democrac; Constitution